Esta pregunta me taladra la cabeza desde hace veinte años aproximadamente: ¿Por qué mi Gobierno, el que sea, me obliga a trabajar al menos con una empresa privada, como es un banco? ¿Por qué el Banco de España no abre tantas “tiendas” como fueran necesarias para ofrecer un servicio público, nacional y gratuito a sus ciudadanos? ¿Qué tipo de defensa me ampara al trabajar con una empresa privada que, como todas ellas, determinan sus normas y estas son lentejas? ¿A qué organismo del Estado debo dirigir esta pregunta para obtener una respuesta satisfactoria?